13 de marzo de 2016

La solidaridad como bien público


José Luis Ferreira

Como prometí hace unos días, intentaré mostrar que la solidaridad es un bien público. Esto debería cerrar una discusión y abrir otras. Las más relevantes se refieren a la importancia de este bien y a la manera en que debe administrarse. Quisiera que la discusión fuera atractiva para un grupo amplio de personas, con concepciones varias sobre el papel del Estado en la sociedad. Para ello, espero captar la atención de algunos prometiendo decir cosas relevantes sobre este bien que les puede ser preciado. Espero atraer a otros prometiendo un análisis estrictamente liberal de la cuestión, sin perjuicio de que también tengan sus preferencias por la solidaridad.

Pero vayamos por partes. Recordemos primero la definición económica de bien público. Se trata de aquel bien que, al ser consumido por una persona, queda todavía disponible para su consumo por alguna otra. Así, la botella de agua que generosamente me sirven en las reuniones de mi Universidad (y que en la etiqueta presume ser de interés público) no es un bien público, puesto que si la consumo yo no la consume nadie más. Hay bienes públicos locales (el alumbrado público) y globales (la defensa nacional); sujetos a congestión (el parque) y no sujetos a ella (la estandarización de sistemas). Finalmente, en el caso de ciertos bienes públicos es posible excluir a algunos individuos (un espectáculo deportivo), mientras que en otros casos esto no es posible (una emisión de radio en abierto). La financiación de estos bienes puede ser pública o privada, como lo puede ser, y de manera independiente, su provisión. Otra cosa es que una u otra manera consigan mejores resultados. El caso canónico lo constituyen los bienes públicos globales, no sujetos a congestión y sin posibilidad de exclusión.

Para simplificar la cuestión y fijar ideas, me centraré en un aspecto de la solidaridad. Concretamente en las preferencias por la igualdad de recursos entre los humanos. Existen distintos índices que miden la desigualdad en este sentido. Pongamos que estamos de acuerdo en que un conjunto de ellos nos proporciona una idea bastante fiable del estado de la desigualdad en una sociedad. Si estos índices se mueven en una dirección o en otra estarán reflejando variaciones en la desigualdad que pueden preocupar o satisfacer a un individuo sin perjuicio de que lo mismo le ocurra a otro. Así pues, no sólo este aspecto de la solidaridad constituye un bien público, sino que proporciona un ejemplo canónico (es decir, de los primeros que explicaría uno en clase) de estos bienes. Argumentos similares se pueden realizar para cuestiones como la discriminación, la segmentación social y las acciones de los buenos samaritanos.

Claro está que la importancia de este bien dependerá de la que le den las personas, y aquí entran las preferencias e ideologías de cada cual. Pongámonos en el caso en que, en efecto, la solidaridad nos importa. Como bien público, los individuos de la sociedad aceptarían libremente un contrato por el cual se comprometen a dedicar parte de sus recursos para favorecer su existencia. Esto es muy distinto que pedir que los individuos contribuyan libremente a esta causa. El primer mecanismo resuelve el problema del free-rider (el escaqueado), ya que el contrato obliga. El segundo no lo resuelve. Es cierto que nunca se ha visto a los individuos firmar tal pacto, lo que importa es que el Estado funcione de manera que sus acciones se puedan interpretar como si fueran producto de este pacto. Recuerden que quiero llevar mi discusión por terrenos liberales. Esta visión contractual se puede encontrar en un liberal de prestigio como es James M. Buchanan, concretamente en su estimulante libro The Limits of Liberty. Between Anarchy and Leviathan. De este libro recomiendo leer detenidamente el tercer capítulo, con su teoría de los bienes públicos.

La conclusión que extraer es la siguiente. Si los ciudadanos tienen preferencias más o menos intensas por la igualdad, el Estado liberal debe recaudar impuestos para paliar las desigualdades. Si a los ciudadanos la igualdad no les parece un bien especialmente valioso, el Estado liberal no debe hacer nada al respecto. Estoy tentado de llamar a los primeros liberales de izquierdas y a los segundos liberales de derechas, pero no estoy nada seguro de que con esto respete la opinión de las gentes de izquierdas o de derechas de este país. Si los ciudadanos están divididos en su apreciación sobre la solidaridad, el Estado liberal debe buscar una manera de agregar estas preferencias, por ejemplo en forma de compromisos políticos.

El hecho de que los Estados sean manirrotos o que las ayudas a los pobres puedan favorecer comportamientos oportunistas (el parado que no busca empleo porque cobra un subsidio) no son excusa para no intentar construir una sociedad más solidaria si es que esas son las preferencias de los que en ella viven. Sí son, en cambio, toques de atención para buscar buenos mecanismos para la provisión de este bien. El Estado puede subvencionar Fundaciones y ONGs con reputación de emplear bien los dineros. Las transferencias de recursos pueden hacerse en forma de inversiones en infraestructuras, educación y sanidad que, lejos de desmotivar a los individuos, tienen un efecto multiplicador en la productividad del colectivo beneficiado. Lo importante es que la financiación debe ser pública. La provisión puede ser pública o privada, pero contratada con los recursos públicos.

Como vemos, se puede ser liberal y defender el uso de la fuerza impositiva del Estado para fomentar la solidaridad.

10 comentarios:

  1. No entiendo el post. Parece como si el bien público fuera el índice Gini y no la igualdad.

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    1. Es la igualdad, pero habrá que definirla de alguna manera. Da igual cómo lo hagas. El índice de Gini es un ejemplo para fijar la argumentación (así lo digo en el texto). Pon cualquier otro y el argumento será exactamente el mismo.

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    2. Gracias, entonces lo que no entiendo es el argumento que demuestra que la igualdad es un bien público. Me parece que el hecho de que cualquier ciudadano pueda tener una idea sobre cuál es el grado de desigualdad tolerable en una sociedad sin perjuicio de que los demás tengan otra no es suficiente para que la igualdad sea un bien público en el sentido que explica al principio. No veo ninguna relación.

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    3. Si hay un parque en tu barrio, el parque lo hay para ti y para cualquier vecino. Todos lo consumen en igual medida (no quiere decir que todos lo usen en igual medida), en la totalidad del parque, independientemente de que les guste mucho o poco. El caso de un índice de desigualdad es exactamente igual. Es el que es, y el que tú lo consumas (exista y te dé más o menos utilidad) no impide que otra persona lo consuma.

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    4. Por otro lado, y obviando el índice que creo que me está liando, decir que todos consumimos igualdad (además no podemos dejar de hacerlo) creo que es tautológico porque la igualdad es una relación entre los miembros de la sociedad. Valdría lo mismo para cualquier concepto construido desde los miembros de una sociedad, pobreza, riqueza, racismo, xenofobia, machismo, etc. Cualquiera.

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  2. Lo siento no lo veo. Lo que usted dice puede que convierta al índice de desigualdad en en bien público y, por tanto, haya que financiar las mediciones con impuestos pero no convierte a la igualdad en un bien público. Tal y como lo veo, también hay un índice de masa corporal y también es el caso que aunque yo lo consuma cualquier otra persona puede consumirlo a la vez. Eso no convierte la masa corporal en un bien público, tal vez a su medición y estudio.

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    1. No es el hecho de que puedas establecer un índice lo que hace de algo un bien público, sino que a los individuos de la sociedad les importe. ¿Nos importa el nivel de desigualdad que hay en al sociedad? Pues el nivel es el que es, y entra en las preferencias de los individuos (en algunos más intensamente que en otros), y el hecho de que a mí me afecte esa desigualdad (la consuma) no impide que a otro también le afecte (esa es la definición de bien público). Esto es distinto a si yo consumo una naranja nadie más la puede consumir (esa es la definición de bien privado.)

      Así que es al revés, el índice es bien público por que lo es la desigualdad. Además está el que la información sobre la desigualdad sea también bien público, que es lo único que pareces tener en consideración. Es decir: quiero subvencionar una oficina que mida la desigualdad porque quiero conocer la desigualdad, pero también quiero promover políticas financiadas con impuestos (además de otras que no necesiten esa financiació, claro) contra la desigualdad porque me importa el nivel de desigualdad, igual que me importa el nivel de las zonas verde de mi ciudad.

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    2. Intentaba entender el texto para poder mostrar acuerdo o desacuerdo de forma honesta. A ver si lo he conseguido gracias a sus explicaciones.
      El hecho de igualar importar o afectar con consumir hace de cualquier idea política (relacionada con la polis) un bien común de forma tautológica. Natalidad, libertad, derechos, demografía, propiedad, pobreza... Al proponer una definición valorativamente neutra de bien común y hacer que la actuación del Estado dependa exclusivamente de un procedimiento (la regla de la mayoría) posibilita paradojas como que la mayoría decida que se hagan políticas que fomenten la desigualdad, disminuyan la natalidad o cualquier otra cosa. Sin límites. Tiranía de la mayoría.
      Desde el punto de vista de su aplicación, recordar que hay colectivos que son abstencionistas y otros que no pueden votar de iure (los niños). Serían colectivos desprotegidos. Por ejemplo, cuando se quiere fomentar una lengua se hace en el sistema educativo infantil, nunca pidiendo un perfil lingüístico determinado para acceder a una vivienda protegida o de alquiler social.
      Por otro lado, la mayoría de nosotros tenemos intereses plurales ordenados de forma muy diversa incluso contradictoria. Eso deja la agenda política en manos de grupos organizados en torno a una única reivindicación magnificando su influencia respecto a su poder electoral (por ejemplo el Tea Party en EEUU o las líneas rojas de la negociación en el Congreso español). Los ciudadanos desorganizados son siempre los que terminan pagando con su dinero o con su libertad.

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    3. En las negociaciones políticas habrá, desde luego, todo tipo de problemas como los que apuntas. Mi entrada solo decía que el problema de la desigualdad, si importa, debe ser tratado como un bien público. Dejar en manos privadas si corrección es ineficiente, hacerlo con políticas públicas tendrá problemas como ocurre con cualquier otro bien público, pero se podrá hacer algo más, es todo lo que digo.

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    4. Gracias por su paciencia y las explicaciones. Creo que la comprensión de su post y yo estamos reñidos.

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