7 de marzo de 2015

Ciencia y política en la República laica (Andrés Carmona)


Existen muchas definiciones de política. Según algunas, política es lo que tiene que ver con el poder. Y el poder tiene que ver con las decisiones que son comunes, es decir, las decisiones que afectan a todo el grupo social de referencia (ya sea un clan, una polis antigua o una sociedad moderna), y que en general podemos llamar leyes. Lo anterior supone numerosas cuestiones respecto del sujeto político (¿quién toma esa decisión?), el procedimiento (¿cómo se toma esa decisión?), su finalidad (¿para qué se toma esa decisión?), su justificación (¿por qué se toma?), la legitimidad (¿por qué han de obedecer los demás esa decisión?), el territorio y la población (¿dónde y a quiénes se aplica esa decisión?), etc., y en ellas están implicadas las nociones de autoridad, soberanía, coacción, etc.


Se podrían distinguir diferentes sistemas, regímenes y teorías políticas según las respuestas a esas y otras preguntas relacionadas, y según lo que se entienda por cada uno de esos conceptos. Por ejemplo, la teoría del poder divino respondería, más o menos, que el poder deriva de Dios y concretamente de su ley divina o natural. Que Dios delega ese poder en la iglesia, y también en los reyes en tanto que obedezcan la ley divina en su gobierno, de forma que un rey será legítimo mientras obedezca esa ley divina, pero se deslegitima si se opone. Y eso justificaría incluso, llegado el caso, el tiranicidio.

Aristóteles ya distinguió seis tipos de constitución (de politeia, de orden político) en función de cuántos gobernaran (tomaran esas decisiones: uno, pocos o todos) y el interés con que lo hicieran (el suyo propio o el común) lo que le daba tres sistemas legítimos (monarquía, aristocracia y democracia) y tres degeneraciones de cada uno (tiranía, oligarquía y demagogia).

Sea cual sea la teoría concreta, en todas está la idea general de cómo tomar las mejores decisiones, es decir, cómo organizar el poder de modo que las decisiones resultantes sean las mejores. La respuesta intuitiva es la tecnocracia. Que decida quien más sepa de ese asunto: quien tenga la mejor información. Cuando se estropea un grifo no hacemos un referéndum para ver cómo arreglarlo, sino que llamamos al fontanero que más sabe de grifos, de la misma forma, que gobierne quien mejor sepa hacerlo.

En los grupos primitivos las decisiones políticas les correspondían a los ancianos, en tanto que eran los más expertos por su experiencia y tenían más conocimientos. En la teoría política de Platón el gobierno recae en el filósofo-rey, esto es, el más sabio de entre todos, que conoce la Idea de Bien, de Justicia, etc., y que además es educado ex profeso para ello debido a sus cualidades naturales (a su tipo de alma[1] racional, en lenguaje platónico).  

Pero la tecnocracia da lugar a, por lo menos, dos problemas: 1) los tecnócratas no son perfectos, y puede faltarles información relevante, y 2) los tecnócratas pueden desarrollar intereses propios y aprovecharse del cargo, en vez de usarlo para el bien común (las degeneraciones de las que habla Aristóteles, por ejemplo). Esto último es más que probable en sociedades diversas y plurales donde hay diferentes intereses según los grupos sociales, económicos, religiosos, etc.

La solución viene de la mano de aumentar la participación política, esto es, la democratización: aumentar el tamaño del sujeto político que toma las decisiones.

En cuanto a la objeción 1). Incluso el monarca más absoluto no gobierna solo: tiene un consejo de asesores o consejeros. Cuanta más participación, mayor probabilidad de no perder información relevante. Pero existe el riesgo de que, llegado a un punto crítico, más participación solo origine ruido, sin aportar nada relevante, confundiendo y ralentizando la deliberación, eternizándola, lo que haría inviable el ejercicio del poder (tomar decisiones) por no llegar a conclusiones. De ahí que hagan falta mecanismos para evitarlo.  

Un mecanismo puede ser restringir la participación, evitando la innecesaria o perjudicial. Por ejemplo: la aristocracia, que solo puedan participar los “mejores” (aristoi): los caballeros, los ancianos, los notables; en el liberalismo, el voto censitario: que solo puedan participar los que puedan vivir de sí mismos –de su propiedad- y tengan algo que perder –esa misma propiedad-). Durante mucho tiempo se entendió que el voto debería ser solo masculino por la misma razón que no podían votar los menores de cierta edad: porque se entendía que mujeres y niños no tenían nada relevante que aportar a la hora de tomar las decisiones políticas. Afortunadamente, el sufragio femenino ya es un hecho y la tendencia histórica es a reducir la edad para votar (hoy día hay quien plantea que debería ponerse a los 16 años, que es la edad en la que finaliza la educación obligatoria).

Otros mecanismos pueden buscar que las deliberaciones puedan terminar en algún momento. Por ejemplo: la monarquía (la última palabra la tiene el rey), la votación (la última palabra la tiene la mayoría), etc.

En cuanto a la objeción 2). La solución es la división del poder: la participación divide el poder y dificulta que cada grupo pueda aprovecharse del cargo para el bien propio, por la obligación de tener que entenderse con los demás, de forma que unos contrapesen a otros y se evite un excesivo acaparamiento de poder en pocas manos. Algunos mecanismos pueden ser: dividir el poder entre quien toma las decisiones (legislativo), quien las ejecuta (gobierno) y quien juzga (poder judicial); repartir el poder en dos cámaras (congreso y senado); repartir el poder territorialmente (Estado federal y Estados federados, Estado central y autonomías), etc.

Hasta ahora, el sistema que parece ser el mejor es la democracia, en tanto que permite la máxima participación (sufragio universal, excepto menores) y permite elegir a representantes que, en teoría, representan la pluralidad del electorado y que son los mejores (porque se supone que es difícil que la mayoría se equivoque al elegirlos, o porque cualquier otro sistema sería peor aún). Este sistema impide una excesiva concentración del poder (porque todo el mundo vota) al tiempo que evita los excesos del asamblearismo (que todo el mundo vote todo). La excesiva concentración del poder es una fórmula de gobierno más ágil, pero es fácilmente corruptible, y por la falta de participación puede tener sesgos en la información que maneja, porque pueden faltar opiniones y puntos de vista relevantes. El asamblearismo permite la máxima participación, pero puede producir decisiones erróneas ya que la opinión experta (minoritaria) puede disolverse entre la opinión inexperta (mayoritaria). El gobierno “concentrado” tendría sentido si fuera posible un gobernante totalmente omnisciente e incorruptible, y el asamblearismo sería lo mejor si toda la población dispusiera de toda la información relevante y supiera comprenderla, supuestos ambos imposibles en la práctica para cada uno.

La tensión democrática entre información y participación se resuelve de la mejor forma posible (o de la menos mala) en la democracia republicana, deliberativa: aumentando ambas tanto como sea posible. Un sistema democrático en que el sujeto político es una ciudadanía formada e informada, donde hay mecanismos de participación real en el debate político para la toma de decisiones. Lo cual implica dos tipos de liberación o emancipación que se resumen en la laicidad. Una emancipación individual que permita la plena autonomía del individuo y su libertad de pensamiento y conciencia como agente libre, para lo cual necesita de una educación integral que se lo permita y en la que el pensamiento crítico y racional es imprescindible. La Educación Pública resulta entonces una institución fundamental. Y una emancipación política por la cual se establezca una res publica o espacio público de deliberación racional y participativa, libre del control de grupos de presión o intereses particulares, donde se puedan debatir y tomar las decisiones políticas. Ambas emancipación son posibles mediante el imperativo laico de separación de las esferas privada y pública que garantizan ambas emancipaciones.

La democracia participativa-deliberativa enseña la importancia de informarse para poder participar: cuando solo se participa cada cuatro años, no hay gran incentivo para informarse mucho, pero cuando se participa más a menudo sí aumenta esa conciencia de informarse. Ahora bien, si se participa demasiado puede haber agotamiento por sobrecarga, que es el problema de las asambleas permanentes: que la gente deja de participar por puro cansancio, aburrimiento o estrés, y al final quedan tomadas por los “incombustibles”, los que solo viven para ir de asamblea en asamblea; de ahí la necesidad de combinar participación directa con indirecta en una democracia sana.

Dada la complejidad de las sociedades actuales, y la imposibilidad de ser experto en todo, el sujeto político, la ciudadanía, no puede saber de todo y no puede decidirlo todo directamente. En este punto puede aparecer de nuevo la tentación tecnocrática: que participen solo los expertos en dichas cuestiones, -la comunidad científica-, excluyendo al resto de población. Ciertas decisiones especializadas requieren de información técnica que no es fácilmente comprensible por todo el mundo y que no se pueden tomar asambleariamente, porque el resultado sería similar a decidirlo echando suertes, o se correría el riesgo de la manipulación demagógica que se aprovechara de la ignorancia. Pero eso nos coloca de nuevo ante el problema de los intereses propios de los expertos, que podrían aprovecharse del poder para decidir en función de sus intereses como grupo particular. La solución democrática es que la decisión le corresponde a la ciudadanía en última instancia, y no a los expertos,  técnicos o científicos. El poder político es ciudadano, pero la información relevante es de los expertos. Para garantizar la mejor decisión, el sujeto político (que tiene el poder) debe autorizar (dar autoridad, que no poder) a los expertos en el asunto (la comunidad científica) y decidir en función de la información relevante que esos expertos les transmitan (directamente en caso de referéndum, indirectamente a través de sus representantes que son los que deben asesorarse con los expertos).

Alguien podría decir que, en el esquema anterior, la decisión ciudadana es irrelevante, pues sería absurdo que la ciudadanía eligiera en contra de la opinión de los expertos, con lo cual su papel sería simplemente el de ratificar decisiones ya tomadas de hecho. En realidad no es así: eso sería una forma muy simplista de entender las relaciones ciencia-democracia. La política no puede ser independiente de las ciencias, por el contrario, debe alimentarse de ellas para tomar las mejores decisiones: la política debe tener en cuenta toda la información que las ciencias tengan que aportarle. Ahora bien, de esa información no se deriva una única consecuencia política, sino un abanico de posibilidades entre las cuales la política debe decidir en base a criterios políticos. Dicho de otra forma: una teoría política, o una propuesta política, que ignore totalmente a las ciencias, es muy probable que sea utópica o fatídica precisamente por no tener los pies en la tierra. Por ejemplo, una teoría política que ignorara la termodinámica y pretendiera abastecer a su población con máquinas de movimiento perpetuo, u otra que gastara el presupuesto nacional en armamento contra intraterrestres procedentes de la “Tierra hueca”. Ahora bien, la información científica que la política debe tener irremediablemente en cuenta no determina una única línea de acción posible. Esa información científica deslegitima ciertas propuestas políticas (las que sean anticientíficas o pseudocientíficas) pero permite muchas otras, todas compatibles con esa información. Y la elección entre ellas ya no depende de criterios científicos, sino éticos o políticos. Por poner un ejemplo: las normas del ajedrez no determinan una única partida posible, sino que prohíben ciertos movimientos pero permiten, a su vez, jugar innumerables partidas distintas, todas ellas compatibles con las mismas reglas. Y entre ellas, unas mejores que otras, pero no solamente una posible o absolutamente mejor que todas las demás. José Luis Ferreira explica esto muy bien con un ejemplo:

“A un enfermo de cáncer se le presentan tres alternativas. La primera es una operación con una alta probabilidad de morir si la operación no sale bien, pero con garantías de sobrevivir quince años si es exitosa. La segunda es un tratamiento menos invasivo que le permite sobrevivir cuatro o cinco años. La tercera es una cura mediante medicina natural tras la que vivirá una vida normal sin ningún riesgo. ¿Cuál es la postura escéptica frente a este problema? Sin duda, lo fundamental será determinar si cada una de las alternativas presenta suficientes evidencias de que el resultado será el que se anuncia, aunque sea en términos estadísticos. Examinamos la literatura médica y encontramos que las dos primeras efectivamente están respaldadas por estudios médicos, mientras que la tercera solo presenta argumentos que no superan el mínimo rigor científico. Con esa información, la postura escéptica será decir que la primera y la segunda son propuestas basadas en evidencias mientras que la tercera no lo es. Y esto es lo más que podemos llegar a decir, sin poder afirmar que una es mejor que la otra, que es algo que deberá decidir el paciente. Conviene destacar que, aunque yo prefiera la primera, puedo admitir perfectamente que la segunda también está basada en evidencias y también que rechazar la tercera alternativa nada dice acerca de las preferencias sobre el fin que propone, el curar totalmente y sin secuelas. La actitud escéptica será reducir la discusión a las propuestas basadas en evidencias”[2].

Lo que la información científica nos lleva a rechazar son todas las propuestas que ignoren esa información, como algunas propuestas feministas que niegan la realidad del sexo biológico y lo consideran un constructo social totalmente, o que niegan cualquier influencia biológica del sexo en la conducta de hombres y mujeres[3]. U otras propuestas ecologistas que parten de la creencia en las maldades horrendas e intrínsecas de ciertas tecnologías sin ninguna evidencia de que sean ciertas (por ejemplo, de los organismos transgénicos). O las teorías neoliberales que suponen a un inexistente homo oeconomicus absolutamente racional, frío, calculador y sin emociones, totalmente deslegitimado por la neurociencia actual. Pero, una vez eliminadas esas propuestas sin base científica consistente, no queda solo una, sino muchas otras compatibles con esa información científica y posiblemente polémicas entre sí, y entre las que habrá que elegir con criterios éticos o políticos. De esta forma, y siguiendo a Adela Cortina[4], podemos decir que las ciencias ofrecen la base sobre la que debe articularse el discurso ético-político, pero no su fundamento, que será propiamente ético y político. Si la política es un edificio, la base científica será su cimiento, pero sobre el mismo cimiento pueden levantarse muchos edificios distintos. El cimiento pondrá unos límites (si es pequeño, no podremos hacer un rascacielos) pero no determinará nunca un único edificio posible a construir sobre él.

Por último, ese edificio democrático, que intenta conjugar información con participación para lograr las mejores decisiones políticas, implica una serie de valores, normas y reglas como condiciones de posibilidad (que estarían en su fundamento) que no pueden ser eliminadas, como son la garantía de ciertos derechos fundamentales (a la vida, a la libre opinión, a la integridad, a la libertad, etc.) o la separación laica de público y privado. Todo eso no se puede someter a decisión porque es lo que permite tomar decisiones: no se puede votar si votar o no, no se puede opinar libremente si opinar libremente o no, igual que no se puede decir “ahora mismo estoy callado”. Para eso las democracias distinguen entre una norma que recoja esas condiciones de posibilidad (la Constitución) y el resto de normas (las leyes, que pueden variar según las mayorías).

Si a lo que hemos llamado aquí “información, expertos”, etc., lo llamamos razón, y a la participación la llamamos libertad, podemos decir que la democracia laica y republicana es una elipse con dos focos, la razón y la libertad, y no un círculo con una u otra en el centro (que serían la tecnocracia o el asamblearismo, respectivamente).

Andrés Carmona Campo. Licenciado en Filosofía y Antropología Social y Cultural. Profesor de Filosofía en un Instituto de Enseñanza Secundaria.


[1] Y por la misma razón, los que tienen alma irascible se entrenan para soldados, y los que tienen alma concupiscible para productores, porque es lo mejor para lo que está preparado cada uno, resultado así una sociedad estamental, orgánica y jerarquizada.
[2] Ferreira, José Luis (2013). “Políticas basadas en evidencias también en Economía”, en El Escéptico, nº 38, p. 19.
[3] Hechos que, no obstante, tampoco justifican la falacia naturalista de deducir la dominación machista de las mujeres o la discriminación de estas.
[4] Adela Cortina distingue base de fundamento en relación a las neurociencias y la neuroética, diciendo que las neurociencias ofrecen las bases de la neuroética, pero que el fundamento de la neuroética sigue siendo propiamente ético: las neurociencias son condición necesaria de la neuroética, pero no condición suficiente. Aquí ampliamos este razonamiento a la relación más general entre ciencias (base) y política (fundamento). Cortina, Adela (2011). Neuroética y neuropolítica. Sugerencias para la educación moral. Madrid: Tecnos, p. 46.

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